24.08.2009 Economía Asume el Control de un millón de Profesionales Colegiados.

Malestar en buena parte de las profesiones colegiadas por las presiones de la Comisión Nacional de la Competencia al Gobierno para suprimir la colegiación obligatoria

Otro conflicto en ciernes con el Estatuto catalán de fondo

La distribución de competencias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas también promete ser conflictiva en el diseño de las nuevas normas que regularán el funcionamiento de los Colegios Profesionales. De hecho, la entrada en vigor de reformas de Estautos de autonomía como el catalán -aún pendiente, tres años después, del sello de constitucionalidad- generará problemas jurídicos y técnicos que preocupan sobremanera a los Colegios Profesionales. De hecho, la Administración General del Estado es quien asume la regulación de los Colegios y del resto de profesiones reguladas, pero en el caso específico de Cataluña, por ejemplo, se trata de materias cuyo control se ha reservado en exclusiva la Generalitat. Así lo regulan tanto el polémico Estatuto aprobado en 2006 en el Parlamento catalán como la ley catalana de Colegios Profesionales, ambos impugnados por el PP ante el TC. Y sin sentencia todavía.

Las últimas reuniones del Gobierno con los representantes de los Colegios Profesionales para abordar la llamada «ley paraguas», que permitirá transponer a la legislación española la Directiva europea de Servicios del Mercado Interior -y la aprobación de la posterior «ley ómnibus»-, han puesto de manifiesto que el Ministerio de Economía y Hacienda ha tomado el control absoluto de las profesiones colegiadas, desplazando así a los Ministerios competentes para cada Colegio.

 Esta «apropiación» de la negociación por parte de Economía, y la marginación de otros departamentos ministeriales, cuyo papel es ya a día de hoy secundario o meramente complementario y supeditado a las imposiciones de Economía, está generando una seria preocupación en muchos Colegios, que temen que la Directiva se convierta en la excusa perfecta para que el Gobierno acometa una liberalización extrema en la regulación de los servicios de los Colegios. Y, en consecuencia, termine por perjudicarlos más aún de lo ya previsto en aspectos como la colegiación única -o incluso la supresión de la colegiación obligatoria-, la limitación de visados o la supresión de baremos de honorarios.

 47 leyes de ámbito estatal

La Directiva de Servicios del Mercado Interior implica la reforma de 47 leyes de ámbito estatal -lo que se denomina «ley ómnibus»- que se corresponden con una pluralidad de servicios y, según ha admitido Economía en alguna de esas reuniones, abordará más las restricciones a los ejercicios profesionales que el acceso a las actividades.

Además, una vez que la «ley ómnibus» esté en marcha, la Directiva afectará a casi 7.000 normas, de las cuales sólo el 15% depende del Estado, porque el resto deben ser revisadas por las comunidades autónomas. Ello puede complicar aún más la transposición efectiva de la normativa europea debido a la peculiar estructura del Estado español y al reparto de competencias autonómicas.

 8,8% del PIB

La pretensión de Economía es que la transposición llegue a crear entre 150.000 y 200.000 empleos y aumente el Producto Interior Bruto en un 1,2%. La reforma afectará a un millón de colegiados, que representan el 6,1% del empleo, el 39% del empleo universitario y el 8,8% del PIB. De hecho, la Directiva europea se proyectará sobre 122 profesiones reguladas en España, de las cuales 87 son colegiadas, bien por norma estatal, bien por normas autonómicas.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en esta profunda -y técnicamente muy compleja- reforma legal porque a la transposición legislativa, a la posterior «ley ómnibus», y a la obligada modificación de los estatutos generales y particulares de cada profesión se unen factores políticos que infunden temor en los Colegios. De hecho, representantes de los Colegios asumen como una amenaza para sus expectativas la presión que está ejerciendo la Comisión Nacional de la Competencia para suprimir la colegiación obligatoria, una vieja aspiración de diversos colectivos «liberalizadores» que esperaban la Directiva europea como la ocasión idónea para restringir el papel social y económico de los Colegios.

 Tercera ley, una incógnita

También está por definir el calado de una tercera ley en marcha y que el Gobierno aún no ha presentado -la futura Ley de Servicios Profesionales-, de la que el Ejecutivo pretende «colgar» todo aquello que no quede regulado en la «ley ómnibus». Esta norma incidirá sobre todas las profesiones reguladas, independientemente de que sean o no colegiadas, y les afectará en materia de libre acceso, de ejercicio societario, de modernización.

Hasta el 28 de diciembre Una de las evidencias que revela con más claridad el apartamiento de que ha sido objeto el resto de Ministerios en favor de Economía y Hacienda para abordar las leyes «paraguas» y «ómnibus» es el calendario que el departamento que dirige Elena Salgado ha planteado a los Colegios.

Este calendario, según expuso Economía en una reunión del pasado 3 de julio, es el siguiente: en una primera fase, el próximo 15 de septiembre los Colegios tendrán que haber remitido al Ministerio las líneas generales de reforma de los Estatutos Generales para adaptarlos a la transposición; y en segundo lugar, pero siempre antes del 2 de noviembre, se remitirán al Ministerio los proyectos articulados de reforma de los Estatutos Generales.

En una segunda fase, la que ha de ser definitiva para sacar adelante esta compleja reforma legislativa, los respectivos Consejos Generales de cada Colegio tendrán que remitir sus nuevos proyectos estatutarios a los Ministerios competentes. La fecha límite es el 28 de diciembre, que lo es también de la transposición de la Directiva.

Sólo manda Economía

En cualquier caso, cada Ministerio sólo propondrá los correspondientes decretos de modificaciones estatutarias teniendo en consideración que tales reformas sólo llegarán al Consejo de Ministros si previamente cuentan con el visto bueno del Ministerio de Economía y Hacienda, que en el fondo es quien realmente coordinará esas reformas.

La opinión del Ministerio de Elena Salgado siempre ha sido decisiva para la aprobación de estatutos de profesiones con una incidencia especial en el mercado de servicios, pero lo que ahora se plantea es una una relación directa y preferente entre Economía y los propios Colegios, de tal forma que su único interlocutor, a todos los efectos, es el departamento de Salgado.

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